La jueza de la dana ve exigible vigilar los barrancos desde el 28 de octubre de 2024
La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana de 2024 en la provincia de Valencia ha considerado que, ya desde el 28 de octubre de aquel año, la situación meteorológica y las previsiones oficiales hacían exigible un control constante de barrancos y ríos con todos los recursos disponibles.
En un auto hecho público este jueves, coincidiendo con el segundo aniversario de las riadas, la magistrada ha acordado requerir al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que, en el plazo de cinco días, remita a la causa todos los registros operativos, partes de servicio, comunicaciones, informes, mediciones e incidencias de las unidades de bomberos forestales designadas para la vigilancia o medición de escalas.
Según razona la instructora, los acontecimientos del 29 de octubre de 2024 y las alertas que se iban emitiendo por distintos organismos oficiales ya exigían el control constante de las fuentes de riesgo. A su juicio, la vigilancia y el seguimiento de los barrancos y de sus crecidas con todo tipo de recursos era exigible incluso desde la víspera de las inundaciones.
Más recursos humanos disponibles
El auto analiza el informe del propio Consorcio, que parte de las medidas previstas en el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones. Dicho plan convierte el control de los barrancos, en la Comunidad Valenciana, en una función del Centro de Coordinación de Emergencias; y en esa función se hizo uso de los recursos que suponen los bomberos forestales.
Sin embargo, la jueza subraya que esa vigilancia se debía haber extendido al mayor número posible de recursos humanos. Es decir, a todos los efectivos que, según el Plan, podían activarse para el seguimiento de cauces y puntos de riesgo.
La titular del juzgado de Catarroja recuerda que la situación 1 de emergencia se ha declarado a las 7:45 horas en la Ribera Alta. Esa decisión se ha adoptado por los registro de lluvia acumulada, por las incidencias registradas y por los rescates realizados por el Consorcio.
Además, en ese momento existía un aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral sur, en todo el litoral y en el litoral norte de la Comunitat Valenciana. A esa circunstancia se ha sumado una alerta hidrológica activa en el río Magro desde las 11:45 horas y en el barranco del Poyo desde las 12:20 horas.
Para la magistrada, las crecidas que ya se estaban produciendo exigían una vigilancia permanente por los funcionarios integrantes de los diversos cuerpos que podían movilizarse desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Sin embargo, al analizar la participación de los distintos recursos disponibles, detecta carencias.
En concreto, el auto apunta que no se hizo uso de los agentes medioambientales, ni de las Unidades de Prevención de Incendios (UPIs) para estas tareas de campo. También reseña las informaciones que se recibieron en el Cecopi y que evidenciarían un avance en el desbordamiento de los cauces de los barrancos de forma claramente alarmante.
Pese a ese escenario, y ante las llamadas recibidas de desbordamientos e inundaciones, la jueza señala que se movilizaron exclusivamente dos unidades de bomberos forestales para el uso de escalas y mediciones, según los datos recabados hasta ahora en la investigación.
El auto concluye que todo ese conjunto de avisos y datos exigía el control constante de las fuentes de riesgo. Añade que ese control se podía y debía efectuar atendiendo a la disponibilidad del mayor número de recursos, que además están expresamente previstos en el Plan.
Entre esos recursos, la instructora enumera que no solo figura la Confederación Hidrográfica del Júcar o los ayuntamientos, sino también los bomberos forestales, los agentes medioambientales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todos ellos, sostiene, estaban al alcance del Centro de Coordinación de Emergencias.
Mensajes internos durante las riadas
La jueza se detiene también en el relato del jefe de guardia del Consorcio el 29 de octubre. Según su informe, se movilizaron recursos a las 13:05 horas para realizar lecturas del nivel de agua en escalas en el barranco del Poyo, en los términos de Ribarroja y Cheste.
Esa movilización se ha desactivado a las 14:43 horas, siempre según el mismo informe, momento en el que se ha ordenado una nueva movilización de efectivos hacia el río Magro. Ese cambio de destino se ha producido en pleno episodio de fuertes lluvias y crecidas.
El auto recoge además que se envió un SMS al grupo permanente de emergencias en el que figuraban, entre otros cargos, Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico de Emergencias, y Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior. Ese mensaje trasladaba la información facilitada por los bomberos, según la cual el barranco del Poyo y el río Magro debían vigilarse de forma específica.
La instructora añade que, a esa comunicación, se ha sumado después un mensaje interno de WhatsApp. Es difícilmente comprensible que, si se remitió un mensaje de WhatsApp por Argüeso a las 14:44 h del 29 de octubre de 2024, en el chat de Conselleria de Servicios Sociales, diciendo que ‘Los barrancos están a punto de colapsar‘, mientras el mismo se encontraba en Carlet, se omitiera el control permanente de cualesquiera recursos utilizados en su vigilancia, entre los que se encontraban los bomberos forestales, desplegando el mayor número de funcionarios en dicha tarea, afirma la magistrada.
Con estos elementos, el juzgado refuerza la tesis de que existían datos suficientes para ordenar una vigilancia reforzada y continuada de los principales barrancos y ríos afectados por la dana de 2024 en la Comunitat Valenciana, especialmente en zonas como la Ribera Alta, donde se han concentrado buena parte de las inundaciones más graves.
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